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LA OROYA:“NIÑOS Y MUJERES PAGARÁN LAS CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES DEL ESTADO

Viernes, 02 Marzo 2012

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ü  Directora de Filomena Tomaira advierte las consecuencias en caso se le renueve la ampliación del PAMA a Doe Run Perú. Los más vulnerables son las mujeres y niños.

 Esther Hinostroza Ricaldi, directora de Filomena Tomaira Pacsi, ONG que trabaja desde hace 20 años en la región Junín en temas de mujer y niñez afectados por las malas prácticas empresariales de las empresas mineras, muestra su preocupación por la posible ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú, y señaló que los más afectados con esta posibilidad serían las mujeres y niños de esta ciudad.

 La organización Filomena Tomaira trabaja con la mujer minera en la región Junín desde 1992, fue testigo de la venta de Centromín en 1996, y de la falta de compromiso de parte de  Doe Run Perú con cumplir con sus obligaciones ambientales con la ciudad. Esta institución ha re

alizado exámenes de sangre y descarte de anemia a la población y conoce muy bien los perniciosos efectos en la salud que por muchos años ha causado la cuestionada empresa.

 “Diversos estudios demuestran que la intoxicación con plomo perjudica principalmente a la mujer y al niño, que son los más vulnerables”, así también lo comprobaron cuando esta organización promovió diversas iniciativas en prevención y cuidado en la salud. Comenta que a las mujeres les afecta su salud reproductiva, producen infertilidad, causan abortos espontáneos y tienen relación con malformaciones congénitas. Los niños son los más perjudicados ya que sufren de diversos males relacionados con el cáncer, daños irreversibles en el sistema nervioso y el cerebro, padecen afecciones respiratorias y disminuye su calidad de vida”, así lo señaló Hinostroza Ricaldi.

  “En 1999, en coordinación con otras instituciones, hicimos un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la permanente actividad de Doe Run, sostiene Hinostroza.

 Agregó que el Estado peruano tiene la obligación de proteger la salud de la población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de la empresa, protegiendo el medio ambiente y garantizando el respeto a todos sus habitantes.

 Esther Hinostroza manifestó que “si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias de una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población”.