viernes, 3 de febrero de 2012

Medida presidencial busca mejorar defensa de los intereses del GORE:
FLAMANTE PROCURADOR AD HOC SE AVOCARÁ A 500 PROCESOS REFERIDOS A DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS
Viernes, 03 Febrero 2012
Magazine Norteño
Quinientos procesos penales referidos a delitos contra la administración pública, serán los que atienda con prioridad el Procurador Ad Hoc, abogado Keny Antonio Pastor de la Cruz, designado por el presidente regional Javier Atkins mediante Resolución Ejecutiva Regional 055, para asumir la defensa jurídica de los intereses del Gobierno Regional Piura.
Al respecto dijo que su misión será sacar adelante los 500 procesos que se encuentran en su mayoría a nivel de Fiscalía, sobre delitos cometidos por funcionarios, elevada carga que motivó que la autoridad regional tome la decisión de designar un especialista en estos temas, por lo cual se avocará al conocimiento de los expedientes para realizar el análisis correspondiente.
Pastor de la Cruz dijo que ha desempeñado diversos cargos de asesoría jurídica anteriormente en el Gobierno Regional en oficinas como Abastecimientos, Licitaciones y Secretaría General. Respondiendo a la pregunta de haber funcionarios de confianza denunciados, dijo que serán tratados de acuerdo con lo que la Ley ordene, y que asume esta nueva función, donde “no existen amistades, ni funcionarios de confianza, y tampoco niveles jerárquicos”, enfatizó.
La RER 055, del 1ro de febrero, establece la necesidad de contar con un abogado de amplia experiencia para plantear medidas correctivas orientadas a la problemática detectada en la Procuraduría Pública Regional, así como coadyuvar a su implementación realizando el seguimiento, evaluación y enmiendas que resulten necesarias.
El abogado Pastor de la Cruz aclaró que no reemplaza en el cargo a la Procuradora Rosa Chinchay Labrín, quien hace uso de su derecho vacacional y cuyas funciones ha asumido en su ausencia, el Procurador Adjunto, Juan Arévalo Zeta, sino que está ejerciendo un mandato del Presidente Regional para que asuma la defensa de los procesos penales vinculados a los delitos cometidos por funcionarios.
Respecto a su formación académica, el abogado detalló que ostenta estudios de maestría en derecho penal, especialización en delitos contra la administración pública, contrataciones del Estado, así como en Derecho procesal civil y procesal penal.

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